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Ayuso trata de vender el enésimo acuerdo con los sindicatos subvencionados, cuando en realidad se prepara una limitación aún mayor del acceso a la asistencia sanitaria. Tras casi veinte años de privatización, gracias a las leyes que el Gobierno de la nación mantiene sin derogar, preparan la estocada y el descabello del sistema sanitario madrileño, aderezado con promesas de digitalización, telemedicina, y posiblemente hologramas de médicos y sanitarios[1]. Ante el colapso crónico del sistema y la huida de profesionales, se trata de reducir aún más el acceso de la población a lo que queda del sistema sanitario.

Esta semana los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid (UGT, CCOO, SATSE, CSIT-UP, AMYTS) han anunciado a bombo y platillo un nuevo acuerdo para “limitar la carga de trabajo en Atención Primaria”. El acuerdo básicamente consiste en limitar el tiempo mínimo de atención por paciente (en el caso de medicina, 10 min para pacientes con cita, sin cita o que correspondan a otros profesionales ausentes, 30 minutos para atención en domicilios), con una limitación de la agenda asistencial a un máximo del 70% de la jornada laboral (correspondiendo el 30% restante a revisión de informes, tratamientos, pruebas médicas, docencia, investigación, organización del equipo, etc.)

Es indudable que la sobrecarga laboral es un factor importante en el colapso de la Atención Primaria, con cientos de profesionales en situación de incapacidad temporal o directamente abandonando su puesto en Atención Primaria para trabajar en otros territorios o dispositivos. Pero pretender que la avalancha de consultas se solucionará simplemente poniendo límites a las agendas es tratar los síntomas sin mirar a las causas o, como reza el dicho, intentar poner puertas al campo.

El aumento de las demandas de salud de la población en los últimos años viene, en primer lugar, de un empeoramiento del estado de salud de la población. Enfermedades crónicas cuyo control periódico ha sido abandonado, pacientes inmovilizados que no son regularmente asistidos en sus domicilios, listas de espera para consultas, quirófanos y pruebas hospitalarias que crecen más y más con el tiempo… Situaciones que una Atención Primaria que ya estaba infradotada previamente no puede atender ni resolver no por falta de conocimientos o formación de sus profesionales, sino por saturación de su capacidad de trabajo en plantillas recortadas.

Dicho de otro modo, limitar el número de pacientes que atender por día en una consulta puede a corto plazo aliviar el estrés de los trabajadores y el riesgo de los pacientes. Pero a medio y largo plazo sólo logrará aumentar la espera para la atención, con lo que los problemas de salud se agravarán según pase el tiempo, generando un nuevo crecimiento de la demanda que será aún más desbordante que la actual.

Hace mucho tiempo que desde ámbitos científicos y sindicales de Atención Primaria se ha denunciado la cantidad de tiempo que se invierte en consultas de poco valor, es decir, atención a problemas de salud de escasa gravedad que se autolimitan en el tiempo o tareas meramente administrativas que restan tiempo que debería invertirse en atender los problemas de mayor repercusión. Es evidente que limitar el tiempo sin discriminar por la complejidad del caso no sólo no mejora la calidad de ese tiempo “recuperado”, sino que agranda la ley de cuidados inversos. O sea, las personas que por su complejidad requieran más tiempo de atención recibirán aún menos del que ya tienen, puesto que acudirán a los centros de salud aquellos en mejores condiciones para hacerlo.

Si los sindicatos que colaboran plenamente con la institución aspiran realmente a mejorar las condiciones de trabajo (que no consiste sólo en el tiempo de atención sino en la calidad y valor del mismo), deberían ser más ambiciosos en sus exigencias. Estas medidas (que ni siquiera han sido ratificadas ni firmadas aún), no sólo no solucionarán los problemas profundos de Atención Primaria, sino que su objetivo de aliviar la sensación de carga de trabajo tendrá un efecto efímero.

Un auténtico programa para la mejora de las condiciones en Atención Primaria pasará en primer lugar por exigir que los recursos hoy en día invertidos en servicios privados vuelvan a la Sanidad Pública y en concreto a la Atención Primaria, en situación de extrema necesidad. En segundo lugar, será necesario identificar adecuadamente la complejidad de los pacientes (ya sea por la propia enfermedad o por su situación familiar, económica, laboral, de discapacidad…) para que los tiempos de las agendas se adapten a esa complejidad y no sean un mero “café para todos”. Por último, pero no menos importante, es necesario un plan con amplitud de miras que reestructure las competencias de Atención Primaria y potencie sus tareas en prevención y promoción de la salud, trabajo con la comunidad y atención en domicilios. Enfrentar las causas ambientales y sociales de la enfermedad y no sólo actuar de forma aislada y puntual sobre sus consecuencias.

En definitiva, si estas organizaciones quieren realmente mejorar las condiciones laborales en Atención Primaria no deben conformarse con conseguir un respiro, una prórroga con fecha de caducidad, sino que deben poner en el centro la recuperación del valor social y sanitario de Atención Primaria. Más allá de comprar un poco de tiempo, es necesario plantear seriamente que la mejora de las condiciones laborales no es posible sin la mejora de la atención y la adecuada priorización de los problemas de salud de los pacientes. Sólo por este camino podrá existir un futuro para la Atención Primaria en nuestro sistema sanitario.

CAS Madrid, julio de 2022

[1]Ayuso planea una reforma “severa” y “profunda” del sistema sanitario madrileño. https://elpais.com/espana/madrid/2022-07-13/ayuso-planea-una-reforma-severa-y-profunda-del-sistema-sanitario-madrileno.html