(2018-07-23) Canadá, Quebec. Demanda de recurso colectivo contra las residencias sanitarias públicas

Demanda de recurso colectivo contra las residencias sanitarias públicas.

La suma reclamada podría sobrepasar los 500 millones de dólares. De Gaspé a Gatineau, de Rouyn-Noranda a Sainte-Marie (Beauce), un batallón de alguaciles judiciales se movilizará hoy para entregar a los administradores de sanidad pública el aviso de depósito de una demanda de recurso colectivo en nombre de tod@s los pacient@s de residencias de estancia prolongada (CHSLD) que hubieran sido mal atendidos estos últimos años.

La ofensiva legal ha sido preparada minuciosamente por el Consejo para la protección de enfermos, que espera reunir un frente unido de decenas de miles de mayores y otros adultos con pérdida de autonomía sublevados por sus condiciones de vida.

Se han recogido testimonios por todo el Quebec sin divulgar la operación. Ayer todavía el despacho del ministro Barrette nada sabía del asunto. El Consejo no ha querido discutir de la demanda antes de que fuera presentada a los órganos decisorios de la red sanitaria, pero La Presse ha obtenido una copia del documento.

Condiciones “deplorables y vergonzosas”
En su reclamación, el Consejo deplora que la calidad de los servicios en CHSLD haga que numerosos quebequenses “pasen los últimos años de su vida bajo condiciones deplorables y vergonzosas de las que son a menudo demasiado vulnerables para quejarse”.

El organismo recuerda la obligación fundamental de los CHSLD: “ofrecer un medio de vida substitutivo a aquellos adultos que, a causa de su pérdida de autonomía funcional o psicosocial, no pueden seguir viviendo en su medio habitual”. Ahora bien, “para que un medio residencial sea conforme a las exigencias legales, las condiciones de alojamiento deben reflejar lo más posible las características de una existencia en domicilio privado. Ni el estatus ni la escasez de recursos de un CHSLD pueden justificar de ninguna manera el maltrato de los residentes o el menoscabo de sus derechos fundamentales.”

Compensaciones
Le reclamación cita una lista no exhaustiva de 22 ejemplos de servicios inadmisibles (relativos a la calidad de los cuidados, la higiene, la alimentación, las actividades sociales, la manutención de habitaciones y espacios comunes) por los que los residentes deberían obtener una compensación financiera. El documento menciona también los gastos suplementarios facturados sin razón por servicios que deberían estar cubiertos por la contribución básica del residente.

Se pide al tribunal que conceda de 250 a 750 $ por daños compensatorios y mes de residencia a todo usuario que haya soportado malos servicios durante los tres últimos años, y 100 $ adicionales por daños ejemplares y mes de malos servicios.

Actualmente hay 37 000 personas alojadas en CHSLD, de suerte que las reclamaciones supondrían un total de casi 500 millones aun cuando no se concediera a nadie más que el mínimo reclamado.

Humillado, maltratado, deprimido
La persona designada para representar a los solicitantes es Daniel Pilote, quincuagenario del CHSLD Champagnat, (Saint-Jean-sur-Richelieu) desde 2014. Parcialmente paralítico, el residente considera que le lavan mal y le manipulan a veces bruscamente. Dice también haber sido víctima de errores médicos, sentirse humillado, maltratado, deprimido e insoportablemente ansioso, y temer que su salud continúe degradándose a causa de ello.

La demanda de recurso colectivo se dirige a todos los Centros integrados de salud y servicios sociales (CISSS) et los Centros universitarios integrados de salud y servicios sociales (CIUSSS) que supervisan los CHSLD públicos. Ciertos CHSLD privados están incluidos en la demanda. El Consejo se reserva el derecho de añadir a su lista nuevas residencias de este tipo.


Previsible
A Pierre-Claude Lafond, profesor titular de la facultad de derecho de la Universidad de Montreal, no le sorprende la demanda. “Lo curioso es que dicha acción no haya tenido lugar antes. El recurso colectivo es una manera de proteger a las personas vulnerables que no pueden emprender acciones judiciales individualmente ni manifestarse en la calle. Se trata de un instrumento extraordinario para quien no puede hacerse oír.

Conviene saber sin embargo que, en primer lugar, el recurso tiene que ser autorizado por el tribunal y que, después, habrá que decidir si hubo falta, si se debe compensar a los solicitantes y en qué medida. Y que durante el proceso se puede llegar a un arreglo amistoso.

Si se conceden compensaciones, ¿quién pagará? El Estado con dinero público, es decir todos y cada uno de los contribuyentes quebequenses. Lo que, por supuesto, no justificaría que se ignoraran los derechos de los ciudadanos en cuestión.
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Traducido por Luis Carlos Fernández Montes para CAS.

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