(2018-10-31) El Consell creará mercantiles para no asumir a los 'falsos funcionarios'.

El Consell adecuará mañana la Ley de Acompañamiento a las recomendaciones incluidas en el dictamen que emitió el Consell Jurídic Consultiu (CJC) con el fin de resolver el conflicto del personal proveniente de las reversiones de centros públicos con gestión privada que han pasado a ocupar, de forma automática, un puesto público al obtener la consideración 'personal a extinguir'.

Al Ejecutivo valenciano no le queda más remedio que asumir las recomendaciones esenciales del organismo consultivo y encauzar la polémica de la creación de 'falsos funcionarios' que se había generado tras la devolución del Hospital de Alzira y la incorporación de sus 1.900 trabajadores al sector público sin haber superado la consiguiente oposición.

Las recomendaciones suponían un tirón de orejas al intento de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de asumir el personal de las residencias de Albocàsser y una parte de Bétera a través del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS).

La nueva redacción de la Ley de Acompañamiento introduce como solución a la entrada de empleados sin oposición la creación de una sociedad jurídica mercantil para albergar las plantillas de las reversiones. En esta mercantil los trabajadores de los centros revertidos dejarán de ser 'personal a extinguir' y se convertirán en 'personal subrogado'.

Sociedad pública

El CJC argumenta que ya en «el Dictamen 150/2018 -que emitió por la reversión del Hospital de la Ribera- se propuso la posibilidad de articular la incorporación del personal cuando proceda de la sucesión de empresas en el marco del artículo 44 del TRET (Estatuto de los Trabajadores), mediante la creación de una sociedad pública mercantil». En ese momento, la ex consellera de Sanidad Carmen Montón hizo caso omiso a esta recomendación y siguió con su hoja de ruta con la conversión de los empleados de Alzira en 'personal a extinguir'.

El CJC reconoce que en materia de personal, «dichas sociedades se rigen por las normas de derecho laboral (privado) salvo en aquellos aspectos en que resulten de aplicación las normas administrativas por tratarse de entidades del sector público».

De este modo, con la mercantil, si los trabajadores se subrogan en una empresa, aunque sea publica, se rigen por derecho privado, con el mantenimiento de las mismas condiciones para la plantilla, donde los contratos temporales siguen temporales, los fijos siguen fijos y cada trabajador es susceptible de poder ser despedido igual que en cualquier empresa. Como ventaja, este personal también puede promocionarse con la negociación de nuevas condiciones o convenio laboral.

Con esta fórmula se elude también la advertencia de la Abogacía de la Generalitat cuando afirmó que estos trabajadores de las reversiones no pueden ser sometidos a un proceso de oposición: «No es posible que los puestos que ocupan, por su especial circunstancia en cuanto su clasificación de estar ocupados por 'personal a extinguir', se someta a la convocatoria pública sino que los puestos que se someten a convocatoria pública y el proceso selectivo que pudiesen superar deberán ser otros que ya estén creados o pueden existir vacantes en la entidad y que se incluyan en la correspondiente oferta de empleo».

Como el Jurídic también ha cuestionado la aplicación de la reversión por fines ideológicos o políticos, el Consell adaptará su texto para que el «interés general» deje de ser un argumento para devolver un servicio que estaba en manos privadas a la Administración.

Viabilidad económica

Otra de las modificaciones que incluirá la nueva redacción es la obligatoriedad de acreditar con un informe la viabilidad económica de cualquier reversión. El Jurídic dejó claro en su dictamen la «necesidad de acompañar los acuerdos de reversión» con «informes que acrediten la viabilidad económica de las medidas que determinen la incorporación de 'personal a extinguir' en el sector público de la Generalitat, así como el cumplimiento de la normativa estatal en materia de estabilidad presupuestaria y el control del gasto público». O lo que es lo mismo, que sólo se aplique la devolución al sector público cuando los datos económicos avalen que el proceso supera los criterios de eficiencia.

El argumento de CJC es demoledor contra la creación de un 'puerta de atrás' que permita el acceso sin oposición a la Administración. El dictamen recuerda que la «ausencia de una adecuada y objetiva justificación de la reversión de los servicios públicos (si se procede a ella de manera generalizada) puede dar lugar a una vía alternativa de selección de personal de la Generalitat (a través de su sector público) prescindiendo, no solo de los procesos selectivos, sino de los principios básicos constitucionales de igualdad y publicidad en el acceso al empleo en el marco de las administraciones públicas».

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