(2017-01-17) Cuando la investigación de las causas de enfermedad se convierte en molesta para las autoridades

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Argentina) vienen participando en “campamentos sanitarios”, en los que realizan trabajo de campo para evaluar la morbimortalidad de diversas zonas rurales del país, muchas de ellas situadas en las zonas sojeras que son fumigadas habitualmente con el conocimiento de las autoridades sanitarias y políticas. En Argentina se fumiga con glifosato, endosulfan, azatrina, cipermetrina, clorpirifos, y 2,4 D entre otros. El 2,4 D es un exfoliante y componente del agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam. La mayoría están prohibidos en muchos países del mundo por su alto grado de toxicidad.

Los estudiantes realizaron casi 100.000 encuestas entre población de las zonas fumigadas, confirmando un importantísimo incremento, de hasta diez veces más de lo habitual, de enfermedades y muertes no esperadas en condiciones normales en la zonas sojeras. Solo en 2012 se utilizaron 370 millones de litros de agroquímicos sobre 21 millones de hectáreas (el 60% de la superficie cultivada del país). Esto significó que, en una década, los casos de cáncer en niños y las malformaciones en recién nacidos aumentarán un 400 %.

El coordinador del equipo, el médico Damián Verzeñassi acudió recientemente a declarar como testigo en el Tribunal Internacional Monsanto en La Haya. A partir de ahí, se desataron las persecuciones por parte de las autoridades académicas, que llegaron a clausurar el acceso a la documentación reunida.

Hace más de 30 años que James Cowley reconocía que cuando un proyecto de promoción de la salud funciona, ataca los intereses de muchos grupos de presión, y se producen reacciones en su contra desde distintas agencias del poder. No parece que hayan cambiado mucho las cosas en sentido positivo, sino todo lo contrario.

En este caso, el simple estudio de las causas de la enfermedad y la muerte que están asolando las zonas sojeras, ha puesto en pie de guerra a las autoridades académicas argentinas, por lo que se ve, apéndices obedientes de las multinacionales del sector agrario, centrado en las exportaciones de productos transgénicos y en el dinero rápido, aunque sea a costa de destruir el agro argentino y la salud de sus pobladores.

Desconocemos si en el estado español, en alguna facultad de ciencias de la salud, los estudiantes realizan un trabajo de campo similar al de los estudiantes argentinos, pero nos tememos que no. En estas latitudes aun son una asignatura pendiente las actuaciones de promoción de la salud colectiva, ya que implicarían no solo denunciar la sobremortalidad existente en muchas zonas, sino tomar las medidas necesarias para reducirla, aunque implique actuar contra las industrias tóxicas, única forma de garantizar la salud colectiva y las necesidades básicas de la población al mismo tiempo. La auténtica promoción de la salud tiene que colisionar necesariamente con los poderes económicos.

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