(2018-01-24) La debacle de las listas de espera: seis meses para diagnosticar un cáncer

Febrero de 2017, Madrid. Una chica de 34 años, con antecedentes familiares por cáncer de mama, acude al médico de atención primaria con un bulto en el pecho. Se supone que es urgente, pero la citan para la ecografía 11 meses después. Tras una primera reclamación, se la hacen a los cuatro meses. Era cáncer. La operación se realiza en diciembre, más de 10 meses después de la primera consulta. En su derecho a una atención sanitaria digna y en unos tiempos razonables se interponen dos procesos cada vez más largos: la lista de espera diagnóstica y la lista de espera quirúrgica. No sabemos cómo sigue la historia.

El de esta chica desconocida es solo uno de los casos reales presentados por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) en la convocatoria de la primera Jornada de Lucha contra las Listas de Espera, que se celebrará el jueves 25 en hospitales y centros sanitarios de todo el Estado. La situación es grave. En junio de 2008 la lista de espera quirúrgica era de 372.000 personas. Nueve años después, esta cifra casi se ha duplicado. En junio de 2017, últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, el número de personas a la espera de una operación era de 604.103.

Es grave, pero ni siquiera es una cifra real. Se trata de la llamada “lista de espera estructural”, pero las administraciones se han dotado de muchos métodos para falsear estas listas, por lo que la cifra podría ser mucho mayor: 20%, 30%, 40% más… Es difícil de saber. Uno de los métodos más conocidos para "reducir" las listas de espera es la expulsión de la lista estructural que se produce cuando el paciente es llamado para derivar su operación a la privada y este lo rechaza. En ese momento pasa a una lista b, desaparece de las listas oficiales del ministerio. Uno menos, aunque siga esperando. En Madrid, donde sí hay datos desglosados, el número de pacientes en lista de espera estructural en diciembre de 2017 era de 53.015, y los que rechazaron la derivación, 12.585, un 17,04%, con un castigo adicional: de media tardan 70 días más que el resto en ser operados.

"Hay dos millones de personas esperando a que las vea el especialista. El cuello de botella se va trasladando hacia atrás y eso es un síntoma de que el sistema está implosionando", advierte Gómez-Liébana

Si pudiéramos extrapolar estos datos a todo el Estado, estaríamos hablando de más de 700.000 pacientes en lista de espera quirúrgica. Y aun así, estas tampoco serían cifras reales. Existen otros métodos para borrar pacientes: los llamados “baúles informáticos”, programas que establecen un tope para incluir citas y que recogen los datos del paciente pero los mantienen temporalmente en un “limbo”, fuera de las listas; o el “cierre de agendas”, sistema que impide en ocasiones que los administrativos den la cita al paciente, o presiones a los facultativos para que se demore la indicación, según denuncia CAS.

Pero la situación es todavía peor. “La lista de espera antes se situaba en el quirófano, y ahora se sitúa en el diagnóstico. Hay dos millones de personas esperando a que las vea el especialista. El cuello de botella se va trasladando hacia atrás y eso es un síntoma de que el sistema está implosionando”, advierte Juan Antonio Gómez-Liébana, de CAS. Casos como el de la joven de Madrid se observan cada vez más en la sanidad pública. Desde hace un año, desde CAS están recogiendo casos “que en los últimos 30 años no habíamos visto antes”, dice Gómez-Liébana. Se trata de pacientes con sintomatologías que apuntan indicios de malignidad, como cáncer de mama, colon o endomietrio, y en los que transcurren entre cinco y seis meses entre la sospecha de malignidad y la prueba diagnóstica. Antes, la prueba en estos casos no se demoraba más de 15 días o un mes. “Esto es un síntoma de que el sistema no puede absorber toda la demanda”, indica este enfermero de urgencias con más de 30 años de experiencia.

“Estamos recogiendo los resultados del proceso de privatización que empezó en 2004 en Madrid y en el resto del Estado, y era lo esperable”. Según datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), un 34% de la población residente en Madrid y un 30% de la de Catalunya tiene ya seguros sanitarios privados, frente a la media estatal, que es de un 20%. Para Gómez-Liébana no es casual. Se trata de dos de las comunidades con la sanidad pública más deteriorada, y también con las mayores listas de espera. “Están consiguiendo uno de sus objetivos, que era expulsar a los sectores de población que aún disponen de capacidad adquisitiva hacia los seguros privados. Esto va aparejado con el proceso de deterioro y privatización”, afirma.

El desarrollo de la Ley General de Sanidad desde 1986 ha provocado desigualdades tremendas, indica Gómez-Liébana. Hoy tenemos 17 servicios de salud con carteras diferentes y tiempos diferentes. Esto provoca que las listas de espera varíen mucho según la comunidad. Catalunya es de lejos la más afectada, con 156.862 personas en la lista de espera quirúrgica, muy por delante de la siguiente, Andalucía, con 62.399 pacientes. Y mientras que en el País Vasco se espera de media 48 días para una operación y 20 para una cita diagnóstica, en Canarias la media es de 179 y 107 días respectivamente.

“Hay servicios de salud que gastan 1.600 euros por habitante y año, como el País Vasco y Navarra, y otros que gastan 900 o 1.000. Esto ha dado lugar a servicios de salud totalmente diferentes, y esas diferencias no son aceptables porque son en función del lugar en el que resides”, dice el miembro de CAS. Por ello, uno de las reclamas básicas de la Jornada de Lucha contra las Listas de Espera es la aprobación de una ley de garantías y plazos para que los tiempos de atención sean similares en todo el Estado.

Reclamas
Para los convocantes, se puede acabar con el problema de las listas de espera sin necesidad de gastar más. En primer lugar, creando un turno de tarde en los hospitales. Los médicos, al contrario que enfermeros y otras categorías, trabajan en turno de mañana, hasta las 15h, y después realizan "peonadas", horas extra. A partir de las 15h, estos centros “decaen en actividad y dejan la alta tecnología y quirófanos solo para las urgencias”, dice Gómez-Liébana. Un ejemplo, el del PET del hospital Gregorio Marañón, un aparato de entre tres y cuatro millones de euros que sirve para diagnosticar tumores y solo se usa por la mañana. Por la tarde los pacientes se derivan a la privada.

Un segundo turno “permitiría no tener que derivar a la privada, con todo el gasto que supone, y esto permitiría contratar a más profesionales” en un momento en que se calcula que un 20% de los nuevos médicos, cuya formación cuesta entre 250.000 y 300.000 euros a las arcas públicas, acaban buscando trabajo en el extranjero por falta de oportunidades aquí. Un segundo turno implicaría también la derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, “un artículo trampa, pues permite las derivaciones a la privada 'una vez optimizados los recursos propios', pero para mí optimizar es usar eficientemente los recursos, no dejar cerrado el escáner y enviar a los pacientes a la privada”.

El funcionamiento al 100% de los hospitales públicos, indican, permitiría eliminar las derivaciones, las pruebas externas y los conciertos, unos conciertos que “están aumentando en todas partes, gobierne quien gobierne, como en la Comunidad Valenciana [PSOE, Compromís, Podemos]", donde el presupuesto para conciertos en sanidad para 2018 ha aumentado un 11,5%.

Esta medida debería ir acompañada, añaden desde CAS, por una ley estatal de incompatibilidades que impida a los médicos que trabajan en la pública trabajar también en la privada, “con todas las corruptelas que está dando esto”. Además, para garantizar la entrada inmediata y automática en las listas, reclaman la asignación y entrega de un código a cada paciente en el momento mismo de la decisión clínica de petición de prueba diagnóstica. Todo esto unido una democratización del sistema sanitario, con transparencia absoluta y acceso sencillo a la información. Todos estos puntos, si se quiere tener éxito en la lucha contra las listas de espera, deben ser indisociables, apuntan.

Jornada de lucha
Se trata de un primer paso. De momento, entre 50 y 60 colectivos de base se han sumado ya a la jornada de lucha convocada por CAS y secundada por la asociación Defensor del Paciente, por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) o por la Plataforma de Usuarios y Pacientes de la Princesa (PUPA), entre otras. En esta primera jornada se realizará concentraciones en más de 40 hospitales y centros de salud en 12 comunidades autónomas. En el futuro, añaden, serán necesarias grandes movilizaciones para parar la debacle.

 

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