La utilización de medios públicos por parte de centros privados no es en absoluto algo nuevo, sino un hecho derivado de la supeditación histórica del Sistema Nacional de Salud a los intereses privados (ya sean farmacéuticos, tecnológicos, de investigación, etc.) gracias a las posibilidades que los políticos diseñaron en la propia Ley General de Sanidad (1986), habiendo ocurrido con gobiernos de todos los colores políticos. Esto es así porque en la mayoría de los casos los médicos implicados trabajan también en los centros privados que están detrás de dicha parasitación.

Para mayor gravedad, éste tipo de fraude se prolonga en la mayoría de las ocasiones durante años sin que trascienda públicamente, manteniéndose dentro del ámbito interno de los profesionales.

Conviene recordar que hace poco más de un año tuvo el lugar el juicio contra varios médicos del centro de especialidades de Pontones por una estafa valorada en 345.000 euros, por el uso del laboratorio para realizar pruebas del laboratorio privado Labipath. La investigación  desveló que en ocasiones hasta un 75% de los análisis, no correspondían a pacientes de la sanidad “pública”. En los hechos estaban implicados, como no podía ser de otra forma, el jefe del laboratorio de Pontones y otros dos facultativos, uno de los cuales era copropietario de Labipath (todos ellos trabajaban también en el privado)[1].

En el caso más reciente, acerca de la utilización privada -posiblemente desde hace más de 30 años[2]- del laboratorio del servicio de Anatomía Patológica del hospital Gregorio Marañón, ya se ha interrogado a 17 personas que trabajan en él y todos han negado su participación en los hechos, por lo que surgen una serie de interrogantes que nadie ha contestado aún:

El hecho es que según denuncia ahora uno de los patólogos[3], “las clínicas privadas llevan allí las biopsias, que se hacen con reactivos que “paga el hospital público” y al final se beneficia ese grupo de profesionales, “que luego los facturan” a la clínica en cuestión. “El robo en sí ya está mal, pero es que pasan por delante de los propios pacientes del hospital……”. Entre las empresas beneficiadas estaría la del recién jubilado jefe de servicio (que al parecer sigue disfrutando de un despacho propio al que acude casi a diario), que figura como administrador único del Instituto Doctor Álvarez de Anatomía Patológica, además de la Clínica Nuestra Señora del Rosario, la clínica Fuensanta, el hospital Madrid, el hospital Montepríncipe, etc…

En el fondo, lo que posibilita estas situaciones es la inexistencia de una separación clara y contundente del sector privado respecto del público, incluso a nivel laboral. La inexistencia de normativa que exija incompatibilidad absoluta público-privada al personal médico, permite que se utilicen los recursos “públicos” para sus lucrativos intereses, ocupando además varios puestos de trabajo mientras cientos de médicos jóvenes, recién formados (la formación de cada uno nos cuesta una media de unos 250.000 €) emigran forzosamente por falta de trabajo o sobreviven con contratos precarios.

Las últimas informaciones, según las cuales la Dirección del hospital Gregorio Marañón ha cerrado la investigación interna y ha archivado la denuncia, nos ratifica en nuestro análisis: sin mecanismos democráticos reales de control de la gestión de los centros sanitarios por la propia población, el sistema sanitario sigue sirviendo a intereses ajenos.

Desde CAS venimos reclamando desde hace años:

·         La separación absoluta del sector “público-estatal” del privado mediante la implantación de un sistema de incompatibilidades médicas.

·         Establecimiento en atención hospitalaria de la jornada ordinaria de tarde para el personal facultativo (fundamentalmente), para aprovechar al 100 por 100 los recursos, así como la  prohibición de trabajar en dos centros públicos a la vez, lo que permitiría crear empleo digno entre el personal médico recién titulado. 

CAS Madrid, marzo de 2015