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  ANTE LA REFORMA DE LA AP EN MADRID: PARALELISMOS CON EL CASO BRITANICO  
   
  CAS MADRID - 2009-04-21  
 

LA REFORMA DE LA ATENCION PRIMARIA EN GRAN BRETAÑA: LECCIONES PARA APRENDER

Ante el anuncio del PP de transformar el modelo actual de atención primaria mediante los Decretos de Área Única y Libre Elección, conviene recordar lo ocurrido en Gran Bretaña, donde el gobierno (en este caso los laboristas), utilizó argumentos similares para introducir a las empresas privadas en el Sistema Nacional de Salud (NHS), a la vez que trasladaba la atención médica de los hospitales a los centros gestionados por dichas empresas.

Allí, el discurso utilizado también fue el de “la libre elección y la competencia en el sistema”, así como que la “la diversidad de ofertas permitiría al paciente decidir dónde quiere tratarse porque estará mejor informado de la calidad de la atención médica ofertada”. ¿Os suena?, Güemes no ha inventado nada.

En realidad, lo que el gobierno laborista (en el poder desde 1997) pretendía era “transformar un sistema sanitario universal y de propiedad pública en un sistema fragmentado, de control privado, basado en las compañías aseguradoras y, en buena medida, imposible de fiscalizar, como sucede con el "managed care" vigente en EEUU”. Para ello se potenció la entrada de empresas privadas (llamadas pomposamente “Proveedores Alternativos de Servicios Médicos” APMS: United Health, Atos Origin, Boots, Tesco's, Virgin......) que han ido abriendo “policlínicas” que han sutituido y eliminado a los médicos generales en muchas zonas ya que éstos no han podido competir con esas empresas a pesar de haber demostrado niveles superiores de calidad.

Para apoyar a las empresas privadas, los laboristas asfixiaron a los médicos generales que trabajaban en los consorcios de atención primaria (PCTs) desviando la financiación hacia los proveedores privados. Al canalizar cada vez más fondos desde los PCTs hacia los nuevos APMS, los médicos generales tuvieron menos trabajo y, en muchos casos, se vieron incluso obligados a aceptar los contratos de los nuevos proveedores privados.

La propia Asociación Médica Británica denunció que el traslado de médicos generales a dichas empresas, disfrazadas de ”policlínicas”, "no era la forma de actuación adecuada”. La BMA incluso se reiteró en sus afirmaciones en una carta dirigida a Secretario de Estado en la que manifestaba que consideraba que “las nuevas medidas eran más un instrumento para estimular la creación de un mercado que para garantizar suficientes médicos generales capaces de atender las necesidades clínicas de una población en aumento………..y que no se garantizaba la continuidad del tratamiento”.

Paralelamente, el Consejo de Médicos Generales aseguraba que el programa, "en la práctica, llevaría a que se abriesen centros médicos de gestión privada en todas las ciudades del país", a finales de 2008 y que "se confirma así nuestro temor de que los pacientes vayan a tener una atención profesional de nivel inferior en esos centros".

Tanto la BMA, como el diario profesional Healthinvestor denunciaron que las medidas "afectarían negativamente a la financiación tanto de las consultas ya existentes –las públicas- como de otros servicios clínicos locales" provocando una reducción del gasto del NHS.

También se ha utilizado un sistema similar al PFI de los nuevos hospitales (que se ha hecho tristemente célebre por haber sido una bicoca para el sector privado y un desastre para el erario público) y que se ha denominado “Lift”. En el modelo Lift, los mayores costes asociados se compensaron, en gran medida, con subvenciones del sector público, desviando fondos que antes se destinaban a otros servicios de Atención Primaria (por ejemplo, en Newham, dos edificios Lift que atendían al 8% de la población consumían el 33% del presupuesto del local del PCT).

Es más, en junio de 2005, después de acceder a documentos confidenciales del Ministerio de Sanidad, la publicación Pulse reveló que una "mínima modificación de los términos del contrato permitía que la concesión de servicios clínicos fuera adjudicada al Lift”. En otras palabras, que la financiación modelo PFI, hasta entonces limitada a la construcción de edificios y a los servicios no médicos (lo que se denomina "gestión de las instalaciones"), a partir de ese momento podría incluir la contratación de servicios médicos.

Para llevar a cabo la reforma, el gobierno preparó un ataque sostenido y bien orquestado contra los médicos generales: se difundió el mensaje de que se trataba de profesionales anticuados, excesivamente bien pagados y cada vez menos dispuestos a ampliar sus horarios para responder a las nuevas necesidades de la población (aquí Esperanza Aguirre dice que si todos fuéramos funcionarios habría paro, hambre…..). Todos los PCTs que han contratado servicios con empresas privadas APMS han destacado en sus comunicados de prensa que los nuevos prestatarios tienen horarios más amplios; sin embargo, las empresas con horario amplio (Serco, por ejemplo) incumplieron todos los criterios de calidad establecidos, a la hora de responder a llamadas de urgencia y emergencia en diferentes áreas.

El traspaso de fondos de los PCTs a los contratos APMS también tenía otro objetivo: incrementar la presión sobre los médicos generales para obligarles a pasar al sector privado - que necesitaba profesionales para las nuevas instalaciones-. Para ello, se erosionó la legitimidad de los generalistas poniendo las bases para destruir su identificación con el Servicio Nacional de Salud.

La propia Asociación Médica Británica denunció un "bombardeo constante" contra los médicos generales en relación con sus horarios limitados, lo que tuvo "un importante efecto sobre la percepción que tenían los usuarios de los profesionales".

Con el nuevo modelo, el facultativo se ha visto obligado a hacer horas extras, "sólo para tener alguna oportunidad de seguir ganando el mismo sueldo que ganaba antes”, al tiempo que las autoridades sanitarias daban libertad para deteriorar las condiciones laborales de los médicos, bajo la máxima: “trasladar personal a los proveedores privados es ahorrar dinero modificando las condiciones de trabajo”.


En definitiva, el gobierno puso las bases para implantar el sistema 'managed care', que predomina en los EEUU y que se caracteriza porque las grandes corporaciones controlan la provisión del servicio y porque la subcontratación de éste se rige por los principios de las aseguradoras sanitarias privadas: minimizar el riesgo y lograr el máximo beneficio. Muchos médicos generales se están viendo forzados a pasar a las policlínicas APMS, cobrando un salario como en la empresa privada, con incentivos económicos ligados a la productividad y con una autonomía clínica limitada.

La provisión de servicios, que antes se basaba en la evaluación de las necesidades de la población, ha pasado a depender de la estimación del riesgo financiero. Lógicamente, los pacientes que necesitan una mayor atención médica constituyen el mayor riesgo y lo cierto es que no pueden esperar que un modelo como el de la Health Maintenance Organization (HMO) norteamericana, que se caracteriza por su contención en los costes y su tendencia a elegir a los pacientes más sanos, les proporcione una atención de calidad.

Defensores de un sistema nacional de salud en EE.UU., como Woolhalnder y Himmelstein, se preguntan cómo es posible que se pueda copiar el modelo de “un país en el que el 50% de las personas que terminan arruinadas es directamente porque les resulta imposible pagar los crecientes costes sanitarios, incluso aunque tengan contratado un seguro médico”.

 

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