(2015-06-14) New England Journal of Medicine denuncia “papel clave” de médicos amparados por la CIA, para torturar detenidos

La publicación de informaciones médicas, añade que tanto la CIA, como el Departamento de Justicia, dieron garantías a los médicos que tendrían inmunidad legal en todos los casos, al amparo de normas “hechas a medida” para permitir las torturas.

El rol de los médicos comenzaba cuando debían definir para los agentes de la CIA, si los detenidos estaban “aptos” para ser torturados, y después atender que durante las sesiones los torturadores no provocaran la muerte de los interrogados; luego de cada sesión debían atender las lesiones tratando de recuperar lo más rápidamente posible a los detenidos para que pudieran volver a la cámara de tortura. Los médicos y sicólogos fueron además beneficiados en los casos que desarrollaran nuevos métodos de tortura, acordes a las necesidades de los investigadores, añade la publicación.
Basados en el informe del Senado sobre prácticas de la CIA

“El informe del Senado nos muestra cómo los abogados y médicos pueden colaborar para racionalizar la tortura, una dinámica que también se ha practicado en prisiones militares, como la de Guantánamo, e incluso en algunas prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos”, afirma el artículo firmado por  los doctores George Annas y Sondra Crosby. Durante las prácticas, “médicos y abogados se dieron permiso en todas las instancias, unos a otros para hacer lo que acordaban entre ellos”, añade el artículo.
El trabajo está basado en los datos revelados en 2014 por el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, en un informe que reveló las torturas de la CIA cometidas durante la presidencia de George W. Bush, entre 2001 y 2009.

Los médicos relatores –Crosby del Centro para la Salud y los Derechos Humanos de los Refugiados en Boston, y Annas profesor de Bioética en la Universidad de Boston-concluyeron reclamando que “además de la eliminación de los centros de detención clandestinos, debemos pedir a los abogados que se nieguen a dar cobertura a prácticas de tortura y a los médicos que solo lleven a cabo buenas prácticas médicas, siempre con el consentimiento del paciente”.