(2016-01-08) País Valencia: sin signos de revertir la privatización
A siete meses de la firma por Podemos, PSOE y Compromís, del “Pacto del Botánico”, por el que se desalojó del poder al PP, acuerdo de gobierno en el que se establecía la “Recuperación del sistema sanitario público. Auditoría de las concesiones administrativas sanitarias y estudio de las vías adecuadas que permitirían la reversión completa”, la “nueva política” que nos prometían los partidos “emergentes” (aliados con privatizadores de casta como es el PSOE), no parece concretarse en nada nuevo.
Incluso no parece que los sucesivos incumplimientos de las obligaciones contenidas en los pliegos de condiciones por parte de las concesionarias sean suficiente para rescatar, expropiar, rescindir o denunciar los contratos, y pasar a manos de la Administración los centros y la gestión de la prestación sanitaria, lo que en el fondo no sería nada más que una medida de corte socialdemócrata, para nada revolucionaria, y que en otros lugares de la UE han tomado hace años (Escocia, Francia….).
LA NOTICIA EN PRENSA:
El Síndic de Comptes ha propinado un auténtico varapalo al modelo sanitario de gestión privada impuesto por la anterior Generalitat del PP en cinco áreas de salud de la Comunidad Valenciana, incluida la de la Marina Alta, y por extensión a las empresas que gestionan las concesiones. Del informe de fiscalización de ese organismo correspondiente a 2014 se deduciría que las mercantiles en cuestión, con la permisividad de la administración autonómica, no sólo incurrieron en incumplimientos a la hora de diseñar infraestructuras para los pacientes –en el caso de Marina Salud, no haber construido centros de salud en Dénia, Calp o Pedreguer– sino también en el plano contable.
Así, el informe advierte de que las cinco concesiones tienen pendientes de aprobar o elaborar un total de 26 liquidaciones anuales. En el caso de la de Dénia, sigue el informe, están por aprobar todas desde una fecha ya tan lejana como 2009. El resto de las concesionarias están más o menos igual: en el caso de Alzira hay liquidaciones pendientes desde 2008, en el de Manises desde 2009, en la de Elx-Crevillent desde 2010 y en la de Torrevieja desde 2013.
¿Y esto qué significa? Pues ya no sólo que tanta tardanza ha armado un auténtico caos administrativo sino sobre todo que, tal y como asevera el Síndic, «al no conocerse los importes de esas liquidaciones no es posible determinar los efectos que tendría su adecuado reflejo contable sobre la cuenta de la administración del ejercicio de 2014». Es decir, que ahora mismo es imposible saber cuánto dinero le deben las empresas a la Generalitat y cuánto ésta a las empresas en concepto de compensaciones.
Aunque alguna pista hay. Y no es buena para las arcas públicas de todos los valencianos. El hospital de Torrevieja sí ha logrado aprobar sus liquidaciones entre 2006 y 2012 y de ese balance se desprendería que la Generalitat le debe a esa concesionaria de la Vega Baja un total de 23 millones. Está por ver qué pasará con el resto de las compañías. Pero el Síndic ya ha dado un aviso de lo costoso que podría estar resultando el modelo de gestión privada, frente a los criterios de eficacia que argumentaron los anteriores gobiernos autonómicos del PP cuando comenzaron a aplicarlo.
Hay una segunda conclusión llamativa del informe del Síndic: todas las concesionarias habrían incumplido lo previsto en los pliegos de condiciones –es decir, en los términos de sus contratos–, que obligan a presentar estas liquidaciones el 31 de marzo del año siguiente al que corresponden. El Síndic admite además que no se han podido justificar las causas de estos retrasos. Por si fuera poco, el informe también advierte de que la Generalitat reconoce carecer de medios para verificar los datos que facilitan los concesionarios.
Las consecuencias para el futuro
Las conclusiones del informe plasman así una evidente inexistencia de controles sobre las concesiones durante la anterior etapa política de los expresidentes Camps y Fabra. Pero también adquieren una notable relevancia en el actual escenario de la sanidad valenciana.
Al respecto, las fuerzas políticas que componen el Consell de Ximo Puig, PSPV y Compromís, se comprometieron a devolver la sanidad de esas cinco comarcas a la gestión pública en el Pacte del Botànic; ahora sin embargo la consellera de Sanidad, la socialista Carmen Montón, se muestra más prudente: defiende que cualquier rescisión debe estudiarse con detenimiento para verificar si efectivamente las concesionarias han incumplido sus compromisos; pues bien, un informe de una institución como el Síndic así lo asevera hasta el punto de exigir auditorías específicas para cada empresa, algo que Montón ya ha prometido hacer.
A esos incumplimientos en las cuentas, usuarios y sindicatos añaden en la Marina Alta ya no sólo los que tienen que ver con las dotaciones, sino también las carencias asistenciales y de plantilla. Por todo ello, ya el pasado mes de septiembre el comité de empresa del Hospital de Dénia exigió por unanimidad que el área pasara a la gestión directa de la conselleria.