(2016-04-06) ¿Qué cuesta realmente rescatar el hospital de Denia?
Intersindical cifra entre 14 y 17 millones la indemnización que debería abonar la Generalitat frente a los más de 60 que pide DKV
El sindicato insiste en que los incumplimientos de Marina Salud podrían reducir esa cantidad e incluso dejarla a cero
Que ya se esté hablando de cifras concretas evidencia que el debate sanitario en la Marina Alta ha cambiado de forma radical en apenas unos días y que el rescate del servicio para que éste regrese a la gestión pública es al menos una posibilidad real. Después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciara en Pedreguer el inicio de negociaciones para adquirir las participaciones en la concesionaria Marina Salud de la aseguradora alemana DKV (que es el accionista mayoritario, con un 65%) todos han sacado la calculadora.
La primera, la propia DKV, que lanzó un jarro de agua fría a las expectativas creadas por Puig y por su consellera, Carmen Montón, de poder rescatar la concesión en esta misma legislatura: la mercantil germana advirtió de que esa operación le costaría a las arcas de la Generalitat más de 60 millones de euros, que es la amortización pendiente del hospital de Dénia, a lo que habría que sumar el lucro cesante de la empresa concesionaria.
Lógicamente, la Generalitat no quiere, y no puede, pagar esa cifra. De ahí que pretenda rebajar ese precio a través de la negociación directa con las concesionarias. Pero para no tener que plegarse directamente a las cantidades económicas que dicten los socios empresariales, necesita de algún argumento, de alguna arma jurídica. Y ahora Intersindical Salut le ha dado una que no significaría un “cheque en blanco” para la mercantil y recortaría el desembolso a pagar por el rescate a menos de la mitad de lo que exige a DKV: 17 millones de euros si la adquisición de esas acciones se hace a lo largo del presente año y tan sólo 14 si es a partir del 1 de enero de 2017.
¿Cómo ha llegado ese sindicato a esta conclusión? Argumenta que, una vez que el Consell se ha decantado por la vía negociada, se puede recurrir al artículo 223 de la Ley de Contratos Públicos que en su punto g establece como causa de resolución: "La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos".
Intersindical cree que ese artículo se ajusta como un guante a la situación de Marina Salud: “como ha quedado demostrado a lo largo de estos siete años de concesión, la empresa ha demostrado la imposibilidad de prestar la asistencia sanitaria con unos niveles de calidad similares al resto de departamentos sanitarios y de cumplir con sus obligaciones en cuanto a la construcción de infraestructuras y hasta lo está reconociendo en las últimas fechas”. El sindicato razona además que si las cosas en el departamento de Dénia siguen así también existe la “posibilididad cierta de una lesión grave al interés público”.
Ahora bien, si se aplica este artículo, ¿qué es lo que habría que pagar a la concesionaria? Intersindical vuelve a la citada ley, que establece que cuando la resolución del contrato se acuerde por este motivo el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar.
Y es en este punto cuando el sindicato vuelve a sacar la calculadora: recuerda que el importe del contrato asciende, en números redondos, a unos 100 millones de euros al año, por lo que un 3% serían tres millones anuales. Como el plazo de la concesión vence en 2024, faltan 8 años, que sería la prestación dejada de realizar. Por lo tanto la indemnización sería 3×8 = 24 millones de euros. Ahora bien, Intersindical no se olvida de todas las infraestructuras que Marina Salud ha dejado de hacer pese a que estaba obligada en el contrato inicial: por eso, a esos 24 millones resta el importe de la construcción del centro de salud de Denia y la ampliación del de Calp, que ascenderían a unos 7 millones. Por lo tanto la indemnización sería de unos 17 millones de euros.
No obstante, si la resolución del contrato se produjera ya el 1 de enero de 2017, habría que restarle a esta cantidad 3 millones más, hasta los 14, y así por cada año que se retrase la misma. De este modo, el avance del reloj del rescate jugaría en contra de la concesionaria.
EL DEBATE DE LAS CIFRAS SOBRE LO QUE CUESTA RESCATAR LA SANIDAD DE LA MARINA ALTA
VÍA COSTE
Valor de las acciones según DKV Más de 60 millones de euros
Hipótesis de Intersindical sin contar incumplimientos de la empresa 24 millones
Hipótesis de Intersindical contando incumplimientos de la empresa y rescindiendo este año 17 millones
Hipótesis de Intesrsindical contando incumplimientos de la empresa y rescindiendo en 2017 14 millones
Resolución vía incumplimientos 0 millones más posible indemnización de 7 millones de la empresa a la administración por incumplimiento.
A todo esto, Intersindical no ha cambiado su posición en este conflicto. Frente a la vía negociada por la que ahora apuestan el Consell y el PSPV, esta central cree que en realidad existiría la opción de rescindir el contrato con Marina Salud por incumplimientos de la empresa, lo que no comportaría indemnizaciones más allá del previsible litigio judicial. Al respecto, alude ya no sólo a los centros de salud no construidos en Dénia o Calp sino también a la negativa de la mercantil de derivar pacientes a La Pedrera o la disminución continua y persistente de profesionales sanitarios, entre otros.
Ahonda además el sindicato en que después de muchos años, Marina Salud ha empezado a admitir que no está cumpliendo con sus obligaciones por dos motivos: que la población protegida (el número de SIPs) ha disminuido notablemente, con lo cual no le salen las cuentas, pese a que ésta, en torno a las 150.000 personas, es aún superior a la de 132.824, contemplada en el pliego de condiciones. Y por el decreto de Libre Elección por el cual la ciudadanía puede elegir donde tratarse, con la consiguiente fuga de pacientes del departamento de Marina Salud a otros de reconocido prestigio.
Es más, Intersindical cree que, de nuevo con la Ley de Contratos en la mano, es la concesionaria la que debería indemnizar en 7 millones a la administración si ha incumplido sus obligaciones.
Por otra parte, el sindicato cree que el hecho de que la empresa presente riesgos no justifica que la administración intervenga ya que también la ley establece que la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. Es decir que al contratar con la administración pública puede ganar o perder, como en cualquier otro negocio.
La tibieza perdida y un caso emblemático en toda España
Por fin, en el contexto político, Intersindical señala que “tras muchos meses de tibieza de la Conselleria de Sanitat con las empresas concesionarias las declaraciones de Puig en Pedreguer no pueden más que abrir una puerta a la esperanza, y generar una renovada energía en la lucha para que esta recuperación se produzca efectivamente”.
No obstante, el sindicato reconoce que “parece claro que la vía de recuperación, ya definitivamente, no va a ser la resolución por incumplimiento sino una vía negociada. Ante este nuevo escenario Intersindical Salut Denia considera su obligación examinar nuevas vías de solución a un conflicto, como las expuestas, “cuyas repercusiones excederán el ámbito estrictamente comarcal para convertirse en una referencia en la lucha contra la mercantilización de la sanidad a nivel de todo el estado español”.