Más de 100.000 dependientes han fallecido desde 2012 esperando una ayuda reconocida por el Estado

El de la dependencia es un sistema "en situación demolición controlada". Es el diagnóstico –apoyado en las cifras que mes a mes hace públicas el Ministerio de Sanidad– que hace la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Y a este análisis contribuyen las cifras sobre financiación que evidencian cómo los beneficiarios ya ponen de su bolsillo más dinero que la Administración central para ser atendidos. No obstante, la gran carga del sostenimiento del sistema sigue recayendo sobre las autonomías, que financian el 62,7% de lo que cuesta atender a las personas que necesitan ayuda en su vida diaria, según un estudio presentado este viernes por dicho colectivo. Los datos muestran también que, desde 2009, el porcentaje de dinero que aporta el Estado se ha reducido un 54%, pasando del 39,2% al 17,9%. Al tiempo que el copago de los usuarios ha crecido un 32%, pasando de aportar el 14,7% del coste total al 19,4%.

Pero esta no es la única cifra llamativa que ofrece el informe. Desde 2012 uno de cada cinco dependientes murió en la lista de espera sin haber recibido una prestación que tenía reconocida. Fueron en total 101.070 personas, según datos recogidos en el documento. José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, señaló que este dato viene a desmontar el argumentario que el actual Gobierno viene esgrimiendo desde su llegada al poder sobre la reducción del número de personas que están esperando por un servicio o prestación reconocida. Y aseguró que se debe a muertes y expulsiones del sistema por el cambio en los baremos o las valoraciones de oficio a la baja.

La realidad es que en diciembre de 2011 las personas en espera de ayuda eran 305.941. Un año después eran 231.119. En diciembre de 2013 eran 190.503. Y en noviembre de este año –últimos datos publicados– 167.869. Por tanto, hay una reducción del 18,7% entre diciembre de 2011 y noviembre de 2014. Estas cifras corresponden a datos oficiales ya depurados de las duplicidades o errores que detectó el Tribunal de Cuentas en los expedientes enviados por las comunidades autónomas.