(2016-10-18) La Fiscalía admite a trámite la denuncia por el fraude de 25 millones de euros en el Hospital de Castellón
La Fiscalía Anticorrupción de Castellón ha admitido a trámite la denuncia presentada por la actual gerencia del Hospital de Castellón con el apoyo de la consejería de Sanidad, por la existencia de 4.713 facturas supuestamente irregulares, por un importe de unos 25 millones de euros, en la gestión del centro, según ha confirmado la propia consejera de Sanidad, Carmen Montón.
Concretamente, y como denunciaba Sanidad ante la Fiscalía, estas facturas derivarían de acuerdos con la empresa Piaf, investigada en el caso Gürtel, y con Telecso, por contrataciones realizadas en los año 2006 y 2015. Así, la Fiscalía ha ordenado que se investigue si hubo delito en estas contrataciones así como que el caso sea declarado como causa compleja, según recoge la Cadena Ser.
Durante la etapa investigada, pasaron por la Consejería de Sanidad Valenciana los consejeros Vicente Rambla, Rafael Blasco, Manuel Cervera, Luis Rosado y Manuel Llombart, así como dos presidentes de la Diputación de Castellón (Carlos Fabra y Javier Moliner).
Las facturas, detectadas en una revisión de la contabilidad del centro realizada por el consorcio que actualmente rige el Hospital, hacen referencia al servicio de mantenimiento y reparación, por un importe superior al fijado en el expediente de contratación o directamente que no contaban con un expediente, por lo que se presumía que se abonaron por trabajos no realizados.
Tras denunciar estas irregularidades el PP de la Diputación de Castellón presentó una denuncia contra Carmen Montón, al considerar que estas denuncias eran falsas. No obstante, dicha querella no ha sido admitida a trámite, algo que ha celebrado la consejera. "No nos va nadie a meter miedo, ni a amedrentar, ni a disuadir de destapar cualquier irregularidad que detectemos en la gestión de los años pasados", ha señalado Montón, en declaraciones recogidas por Europa Press.
El plazo para analizar estos documentos es de 6 meses, un tiempo que, según fuentes de Fiscalía consultadas por Radio Castellón, resulta “insuficiente”, dado que ha de analizarse factura por factura para evaluar la legalidad de las mismas.