Publicado en el nº 64 -septiembre de 2013- del periódico Contramarcha (Confederación Sindical Solidaridad Obrera).
La contrarreforma sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid, dirigida a traspasar volumen de negocio a las empresas privadas mediante la sustitución de centros sanitarios de gestión pública directa por centros privados, se inicia en 2004 con la aprobación de la primera tanda de 8 hospitales privados, 7 de modelo PFI1 (Aranjuez, Arganda, Coslada, Parla, San Sebastian de los Reyes, Majadahonda, Vallecas) y uno de modelo PPP2 (Valdemoro).
Continua en 2008 -segundo plan de infraestructuras sanitarias- con 3 nuevos hospitales privados modelo PPP (Torrejón, Mostoles, Villalba), y en años sucesivos se van dando los pasos necesarios para convertir el sector en un mercado: desmantelamiento de cualquier sistema de planificación sanitaria, aprobación del Decreto de Área Única, de la Ley de libertad de elección, creación del Laboratorio central de referencia y del “call center” (por supuesto privados), etc.
Hay que esperar hasta octubre de 2012 para que los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (fundamentalmente médicos de atención especializada) “despierten” tras la publicación del “Plan de Sostenibilidad” del Consejero Lasquetty.
En dicho plan se establecían una serie de medidas de continuación del proceso de privatización, pero por primera vez se actuaba sobre el sector médico (privatización de la gestión sanitaria de 6 hospitales privados modelo PFI3, lo que afectaba a unos 6.000 profesionales), así como de recorte de actividad en centros públicos (supresión de las peonadas), o unificación de servicios…
El conflicto no se hizo esperar, y en octubre se inició la primera fase, con movilizaciones masivas de profesionales, y sobre todo de aquellos que trabajaban en los 6 centros sanitarios afectados, cuya herramienta fundamental fue la huelga médica de 17 días, que no consiguió paralizar la aprobación por el Parlamento madrileño de las medidas citadas.
Agotada la vía de la huelga, se opta a partir de enero de 2013 por el mantenimiento de las manifestaciones y la incidencia en los “medios de comunicación”, a la vez que se pone en marcha la llamada “consulta popular por la sanidad pública”, que pese a que logra recoger cerca de 1 millón de firmas contra “la privatización” -en genérico-, tampoco logra frenar el proceso de privatización.
A partir de la primavera, con la mayor parte de los profesionales desmovilizados, el esfuerzo se centra en la vía judicial, fundamentalmente contra aspectos técnicos del proceso de licitación y adjudicación de la asistencia sanitaria, sobre todo respecto a los posibles incumplimientos de la aplicación de la LCAP4, ya que la ilegalidad del proceso de privatización en sí mismo presenta serias dudas mientras continúe en vigor la ley 15/97.
A ese bombardeo legal se suman desde los que firmaban acuerdos con Güemes y Lamela mientras estos privatizaban los hospitales (CCOO, UGT, SATSE, AMYTS, SAE, CSIT-UP), hasta aquellos que aprobaron y mantuvieron en el parlamento la ley en cuestión (PSOE). Todo es válido si es posible arañar unas décimas en la intención de voto, o recuperar migajas del perdido crédito.
Las limitadas reivindicaciones planteadas
No hay que olvidar que, entre octubre y diciembre, el discurso era “es el momento de la huelga y con la huelga vamos a parar las medidas del gobierno del PP”; “no hay que reivindicar la derogación de la ley 15/97 ya que no es ahora lo importante y además desune”.
Distintos actores del conflicto, desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (en la que confluyen desde los sindicatos subvencionados de la Mesa Sectorial, hasta plataformas y grupos vinculados al 15 M), hasta AFEM, evitaron en esos críticos momentos denunciar y actuar contra la base legal de la privatización: la ley 15/97. No interesaba situar en primer plano la causa del proceso de privatización, ya que ello hubiera obligado a denunciar el papel de algunos de los participantes en la marea blanca: desde sociedades científicas, a sindicatos de la mesa sectorial, sin olvidar al PSOE como partido que aprobó con sus votos la ley 15/97, y la aplicó donde gobernó.
En aquellos momentos, casi en solitario, defendimos la necesidad de una huelga unitaria, no por sectores profesionales, y poniendo el foco en la necesaria derogación de la ley para paralizar el proceso de privatización.
Tampoco deberíamos olvidar las “alianzas” a lo largo del proceso de distintos sectores médicos, ni sus propuestas de ahorro en base a asumir la gestión sanitaria mediante las llamadas Unidades de Gestión Clínica; Unidades cuyas propuestas de puesta en práctica en distintas CCAA, así como la firma para su aplicación generalizada en todo el Estado5, llevada a cabo el 30 de julio pasado, entre el Ministerio de Sanidad y organizaciones colegiales y sindicales médicas y enfermeras, están recibiendo todo tipo de críticas por su indudable deriva privatizadora.
La imprescindible colaboración de la izquierda institucional en el proceso de privatización.
La hipocresía del PSOE no tiene límites. Desde intentar apropiarse del recurso de inconstitucionalidad de la PAH, hasta apuntarse a la movilización madrileña denunciando la “supuesta privatización de una serie de hospitales”, cuando la realidad es que a partir del 2005 comienza la colaboración del PSOE con el PP para poner en marcha los hospitales privados.
Así en Parla, es el propio Tomás Gómez Franco quien cede gratuitamente terrenos públicos a Sacyr, Testa y Valoriza, para que construyan un hospital privado y lo exploten por 30 años. Posteriormente su sucesor, José María Fraile, ha “perdonado” a estas empresas el pago del IBI durante estos años. En Aranjuez es Jesús Miguel Dionisio Ballesteros, también del PSOE, quien realiza la misma jugada cediendo terreno para otro hospital privado a Hispánica (una de las empresas implicadas en la Gürtell). En San Sebastian de los Reyes, es la coalición PSOE-IU-Izquierda Independiente, la que encabezada por José Luis Fernández Merino del PSOE, cedió terreno gratis a Acciona. En Coslada, es la coalición entre PP y PIC (Plataforma Izquierdas de Coslada, escisión del PCE-IU), la que facilita la labor a Sacyr, Testa y Valoriza.
Ya más tarde, en 2008, es el alcalde socialista de Villalba, José Pablo González Durán, el que cede el terreno nada más y nada menos que a Capio, para un hospital de modelo PPP, es decir, en el que ya se parte hasta con el núcleo duro privatizado (medicina y enfermería).
Es imposible que ninguno de estos alcaldes del PSOE y el resto de partidos intervinientes, no supieran que estos hospitales eran privados, por lo tanto, ha habido una colaboración necesaria e imprescindible por parte de estos grupos de la izquierda institucional para participar en la puesta en marcha de la contrarreforma sanitaria del PP, y por lo tanto cualquier proceso serio de lucha en defensa de un sistema sanitario público, universal y democrático no puede pasar por estas alianzas.
El horizonte más inmediato.
Mientras, la privatización continúa en el resto del estado. En Catalunya se comienzan a filtrar y recoger los resultados de su “modelo sanitario propio” (basado en consorcios de gestión privada financiados con dinero público), con escándalos casi diarios de posible corrupción (San Pau, Clinic, Blanes, Callella, casos Bagó, Crespo, Padrosa…). En Castilla La Mancha, pese al anuncio de Cospedal de paralización de la privatización de los hospitales de Manzanares, Tomelloso, Villarrobledo y Almansa (más bien debido a la falta de ofertas por ellos, debido a su pequeño tamaño y a la escasa demografía), las obras del hospital de Toledo, paralizadas por falta de fondos públicos, reciben un regalo envenenado por parte del Banco Europeo de Inversiones6: un crédito para su finalización a cambio de la privatización de los servicios no sanitarios (de entrada) y su puesta en manos privadas durante 30 años. En País Valencia el modelo ha fracasado estrepitosamente, con hospitales sin abrir (Gandia, Liria), aparte de crear un agujero económico que será taponado con nuestros impuestos. En Galicia continúan por el momento, pese a los enormes problemas de financiación, las obras del nuevo hospital de Vigo, del mismo modelo que los de Madrid.
Solo podremos paralizar el proceso de privatización creando una corriente con los usuarios y los excluidos del sistema, derogando la ley 15/97, rescatando los centros y servicios ya privatizados, y estableciendo mecanismos democráticos para el control del Sistema Nacional de Salud.
CAS Madrid, 16 de agosto de 2013
1 El hospital y su equipamiento básico son privados, así como todo lo mal llamado servicios “no sanitarios”.
2 También son privados los servicios sanitarios.
3 Aranjuez, Arganda, Coslada, Parla, San Sebastián de los Reyes y Vallecas.
4 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
5 Acuerdos Marco de 30 de julio de 2013, de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica (constituido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Federación de Sociedades Científicas la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina de Madrid), el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería SATSE.
6 BEI, órgano financiero de la Unión Europea.
|
