FORMATO PDF

 La crisis del coronavirus ha destapado la situación del sistema sanitario en el estado español. Años de privatizaciones y recortes se han plasmado en el espectáculo de estas semanas: atención primaria sin medios para contener la epidemia, hospitales colapsados con pacientes por los suelos, profesionales obligados a decidir a quién intentaban salvar la vida por falta de respiradores, residencias de ancianos en las que los infectados y las muertes sin atención han sido la tónica general, centros de minusválidos psíquicos, cárceles y CETIs de los que ni se habla.......

Hay responsables: políticos que aprobaron la Ley 15/97 o la mantuvieron, sindicatos domesticados que no han defendido el interés general, empresas y fondos de capital riesgo que se han estado lucrando con estas privatizaciones, jueces que no han visto ningún problema en las leyes que desmontaban la sanidad,....y la gran mayoría de la población que se mantuvo en silencio mientras todo esto ocurría pensando que no le afectaba. Hoy, la realidad es otra. Todos y todas hemos perdido o conocido a alguien que ha muerto por falta de asistencia o deficiencias en la atención.

No podemos volver a la situación de partida. Los de siempre pretenden hacer tabla rasa y volver a la situación previa, en la que ya el sistema estaba desmantelado. En junio de 2019, según cifras oficiales, convenientemente maquilladas, casi 700.000 personas esperaban una intervención quirúrgica, y 2.400.000 la primera consulta con el especialista. Mientras, los seguros privados (esos que han desaparecido en la pandemia), no han parado de crecer y hacer caja a nuestra costa.

Los datos de Madrid hablan por sí solos de la magnitud del expolio

De los 8.000 millones de € de su presupuesto sanitario público, la Consejería de Sanidad de Madrid dedica a conciertos privados casi el 11 %. Es decir, casi 850 millones de € se van a centros privados para realizar operaciones quirúrgicas poco complejas y pruebas diagnósticas fundamentalmente. Estos pacientes podrían ser atendidos en los centros públicos si estos estuvieran bien dotados de medios y personal. Sin embargo los centros públicos mantienen plantas enteras cerradas y servicios que a veces solo funcionan durante el turno de mañana para mayor negocio de la sanidad privada.

En la actualidad el Servicio Madrileño de Salud cuenta con más de 72.000 trabajadores, que suponen alrededor de 3.600 millones de € en remuneraciones. Con los cerca de 844 millones de € que se escapan a centros privados en conciertos, podrían contratarse alrededor de 17.000 trabajadores más para el SERMAS. De esta forma podríamos tener funcionando los hospitales en dos turnos, en las especialidades médicas necesarias hasta las 10 de la noche, tratando a los pacientes sin necesidad de ser derivados a centros privados a la vez que creamos empleo. Es por esto por lo que pedimos la derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, ideado para vaciar los centros públicos y engordar a la privada.

Además, Madrid dedica otros 882 millones de € al año para pagar a los dueños de los hospitales privados, cuando los costes de construcción y equipamiento de los primeros 8 hospitales privados de Madrid abiertos en 2008, no llegaron a los 840 millones de €. Es decir, con lo que pagamos de alquiler en un año, podríamos haber pagado la construcción de 8 hospitales, que sin embargo estarán en manos privadas hasta 2037. Es por esto por lo que pedimos la derogación de la Ley 15/97 de "privatización de la sanidad", porque es una ley para saquear a la sanidad pública.

Debemos prohibir el ánimo de lucro, las empresas privadas en sanidad. Porque los 844 millones de los conciertos y los 882 millones de € de los alquileres de los hospitales privados suman 1.726 millones de €. Es decir, el 21,5 % del gasto sanitario. Uno de cada cinco euros, se van a los bolsillos de los accionistas de estas empresas: bancos, constructoras, fondos de capital riesgo. Es una hemorragia sin fin.

La privatización continúa y se amplía

A pesar que la pandemia ha mostrado con toda crudeza las consecuencias criminales de la privatización, los gobiernos están aprovechando la desmovilización por el confinamiento para pisar el acelerador de la privatización. En Madrid el capital privado gestionará el nuevo pabellón y el aparcamiento del emblemático Hospital del Niño Jesús y se privatizará también parte del servicio de limpieza del Hospital Gregorio Marañón, el único cuya plantilla estaba compuesta íntegramente por trabajadoras públicas.

Y no se trata sólo de Madrid. En Andalucía, se han contratado decenas de especialidades – hasta ahora atendidas en hospitales públicos – con el principal cacique de la sanidad privada en la región, Pascual, S.A, que desde hace décadas viene llenando sus bolsillos a costa del dinero público. En Zaragoza, el Ayuntamiento ha vendido suelo público al grupo empresarial Quirón para la construcción de un nuevo hospital privado en el centro de la ciudad.

Como CAS viene repitiendo, no hay solución alguna para la sanidad que no pase por expulsar a la empresa privada de todas y cada una de las parcelas de la sanidad pública que controla, desde la gestión de hospitales, a los laboratorios a servicios esenciales en un hospital como son la limpieza, la cocina o la lavandería. El capital privado es como una gangrena o como un parásito depredador que engorda debilitando al organismo – la sanidad pública – que le alimenta.

Ahora no queremos promesas de blindaje en la Constitución, ni comisiones parlamentarias, ni libros blancos para "reconstruir la sanidad"....elaborados por los que nos han llevado a esta situación. Este es un problema de todos. Es el momento, y la responsabilidad es nuestra. Estamos obligados a salir a la calle. No un día, ni dos, sino todos aquellos que sean necesarios para obligarles a blindar la sanidad, revertir lo privatizado, expulsar al ánimo de lucro de la atención sanitaria, establecer un sistema digno de cuidado de nuestros mayores. Para centrar el sistema en la prevención, y en la actuación contra los productores de enfermedad.......es decir para prevenir lo que no sabemos curar. Para que nuestro dinero se dedique a garantizar el interés general.

Nunca más muertos evitables, Nunca más negocio con la sanidad

 1. Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Rescate de todo lo privatizado. Potenciación y desarrollo de un nuevo modelo de atención primaria centrada en la salud colectiva, y no solo en la atención individual. Supresión de redes paralelas. Incompatibilidad absoluta público-privado. Fuera las empresas de la sanidad. Sanciones y/o intervención de aquellos centros privados que no han utilizado sus recursos o han cerrado en plena pandemia.

2. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.

3. Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa.

4. Cuidados de nuestros mayores con dignidad

5. Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.

Por un sistema público, universal, y con gestión democrática