La llamada Ley Ómnibus que el gobierno del PP propone aprobar urgentemente, para poner en marcha una Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (ente público sujeto al derecho privado), es un puro desarrollo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir, no supone, desde nuestro punto de vista más que la aplicación a la Comunidad de Madrid de una ley estatal que, desgraciadamente permite la huida del Derecho Administrativo, y la puesta en marcha de mecanismos de gestión privada en la contratación, en este caso del dinero de nuestros impuestos que gestiona la Consejería de Sanidad.

El experimento no es nuevo, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se constituyó así de forma que en el caso del País Vasco no hay ningún control político sobre la contratación, solo el Tribunal Vasco de Cuentas que es técnico, y la ley presupuestaria que impone el techo de gasto.
En el caso de Catalunya, con la peculiaridad de su sistema sanitario, privatizado ya en su mayor parte, desde el año 2001 disponen de varias Agrupaciones de Interés Económico (AIEs) que realizan las mismas funciones.

Las Comunidades Autónomas, por tanto, aprovechan el marco legislativo estatal para el objetivo que los gobiernos central y autonómicos, comparten: transferir dinero público a la empresa privada de la forma más "ágil y moderna" posible, es decir, eliminando los mecanismos que el Derecho Público establece para asegurar la utilización transparente y controlada del erario público por el capital privado.

El último paso de gigante se dio exactamente hace un año. El 28 de diciembre de 2020, día de los inocentes, el Congreso aprobó un Real Decreto "de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Modernización y Resilencia”. Es decir, para preparar la llegada de los Fondos de la UE y transferirlos a las grandes empresas multinacionales, directamente, o a través de la máscara de la "colaboración público-privada". El Real Decreto citado, modificó la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, entre otras.

Por si quedaba alguna duda acerca de los beneficiarios de las reformas recordamos que se hizo público (otras veces son más discretos) que para la elaboración de ese Real Decreto el Gobierno convocó a la CEOE (Garrigues, Uría, Cuatrecasas y PwC) y a grandes empresas consultoras como Deloitte. Es decir, el gran capital diseña y el Gobierno pone la firma. Mientras, el sistema sanitario público vuelve a colapsar como hace 20 meses, los seguros privados se frotan las manos esperando otros cientos de miles de personas que ante el bloqueo planificado del sistema se ven obligadas a contratar pólizas privadas, y los centros privados hacen su agosto en pleno diciembre con la avalancha de pruebas diagnósticas generada por el pánico televisivo.

Por cierto, en la votación de la convalidación parlamentaria del citado Decreto, dado que PP y Ciudadanos se proponían votar en contra por mero oportunismo político, el "gobierno más progresista de la historia" y sus socios de investidura, necesitaron la abstención de VOX, que mostraba así con claridad su coherencia con los intereses de la gran burguesía que estaban en juego, y que representa, mejor que nadie, el gobierno central.

Por lo tanto, desde CAS Madrid defendemos que solo el blindaje legal a nivel estatal de todo el sistema sanitario público, impedirá la penetración del capital privado. Es la única manera de impedir el desarrollo de normas autonómicas que permiten el ahondamiento de la privatización. Por eso, el actual gobierno de PSOE e Unidas Podemos es en parte responsable de esta nueva acción, tanto como del proceso de privatización sanitaria en marcha, al mantener las leyes estatales que lo permiten, y también por aprobar y/o mantener leyes que permiten eliminar los pocos controles que quedan en la gestión de los fondos públicos por el capital privado. Y por eso es imprescindible sacar adelante la ILP de Recuperación del Sistema Nacional de Salud que hemos presentado desde CAS Estatal.

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