“Acuerdo histórico para la Sanidad de Madrid”. Así titulaban los medios de comunicación el acuerdo parlamentario entre PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, “para despolitizar la gestión sanitaria”.

Analizado el documento, desde CAS denunciamos que será papel mojado, ya que no va a haber ningún cambio sustancial para los pacientes, ni para los trabajadores/as del sector. Los centros sanitarios seguirán siendo igual de opacos, la gestión seguirá en manos de teóricos “expertos” que seguirán defendiendo los intereses de las industrias farmacéutica y tecnológica, de los clanes de poder médico íntimamente relacionados con el sector privado, y otros similares.

Este Acuerdo es una puesta en escena para que todo siga igual, solo que esta vez ya incluye a los llamados “partidos emergentes”, que en pocos meses ya votan y compadrean con los privatizadores, sino ¿cómo puede explicarse el voto de Podemos con el PSOE, partido que ha mantenido el instrumento privatizador – Ley 15/97- para que el proceso se extendiera como una mancha de aceite por todo el estado?. ¿Por qué no se exige por parte de los que venían a luchar contra las privatizaciones y la corrupción, la autocrítica, la renuncia de la ley 15/97 y el compromiso de rescatar todo lo privatizado por parte del PSOE?

El Acuerdo en sí, insistimos, es palabrería que no obliga a nada:

- “Creación de Juntas de Gobierno en todos los centros, como órganos colegiados donde tendrán garantizada la participación profesionales y ciudadanos”, sin explicar ni su composición, ni si dichos organismos tendrán alguna capacidad real de decisión. Recordemos que los “consejos de salud“, creados legalmente hace casi 30 años para “permitir la participación” demostraron la imposibilidad real de la participación en este modelo social, al nacer despojados de cualquier competencia y ser bloqueados en aquellos lugares en los que la población osó intentar tomar parte en las decisiones que afectaban a su salud.

- “Profesionalización de la función directiva-gestora”. El mero hecho de exigir algún tipo de formación/titulación oficial para el acceso a los puestos de gestión no oculta la realidad de que la casta de gestores que invariablemente han dirigido los centros sanitarios en las últimas décadas son absolutamente intercambiables, gobierne quien gobierne, y lo van a continuar siendo.

- “Refuerzo de las estructuras de asesoramiento y participación profesional e implantación de instrumentos de buen gobierno”. En la actualidad ya existen “Juntas Técnico Asistenciales” y “Comisiones Clínicas”, formadas por la élite del sector médico, que son quienes disponen de la información sensible, los que pactan las decisiones relativas a compras, inversiones, etc., por supuesto, sin ningún tipo de transparencia, ni mecanismos de control por parte del resto de trabajadores/as de los centros sanitarios.

- “Mayor autonomía y capacidad de respuesta para los centros e instituciones sanitarias del SERMAS”. Titulo muy sugerente, pero que muy posiblemente se traducirá en una fragmentación del sistema sanitario, y en la introducción y extensión de modelos de gestión clínica para traspasar parte de las decisiones a determinados sectores médicos, para que a cambio de incentivos económicos reduzcan el gasto sanitario. Este modelo de gestión, en el que al parecer los 4 partidos también coinciden (PSOE y PP lo han aplicado donde han gobernado; Ciudadanos y Podemos no se han posicionado en contra), es el caballo de Troya para acabar de mercantilizar el sistema sanitario.
En definitiva, medidas de cara a la galería, sin que en ningún momento se aborden los verdaderos problemas de la privatización, mala gestión e infrautilización de los centros de gestión estatal (1), que son los que permiten extender el negocio privado, ni se establezca ningún tipo de medida real que permita mínimamente democratizar los centros, ni permitir el acceso a la información sensible que permita evaluar el funcionamiento real del sistema sanitario.

Desde CAS entendemos que solo la movilización conjunta de población y trabajadores, podrá salvar al sistema sanitario de la privatización total, al tiempo que defendemos el establecimiento de sistemas democráticos de control de los centros, transparencia total y actuaciones sobre los determinantes de la salud y la enfermedad.
Madrid, noviembre de 2015.

(1) Llamamos centros estatales, en contraposición a los privados-empresariales, a los mal llamados “públicos”, centros mantenidos con nuestro dinero, con personal dependiente de la Administración, pero en los que las decisiones se toman por los gestores y políticos de turno, sin ninguna posibilidad de participación real de pacientes y trabajadoras/es en su gestión.

Propuesta de Moción de la Asamblea de Madrid.

Comunicado completo.