A pesar del interés por presentar la privatización y el deterioro del Sistema Sanitario (SNS) como resultado de políticas recientes, fundamentalmente derivadas de los recortes aplicados a partir de 2008, lo cierto es que el proceso se lleva ejecutando desde hace décadas por parte de todos los partidos políticos que han ejercido funciones de gobierno, ya sea estatal o autonómico, hasta el punto de que en estos momentos más del 55 % de los hospitales existentes ya son privados.

Ahora, como cada vez que se acercan procesos electorales, todos los partidos utilizan el reclamo sanitario para garantizarse votos, ofreciendo propuestas que la experiencia nos demuestra no van a cumplir, además de no abordar las verdaderas causas del deficiente funcionamiento del SNS y de la generación de las enfermedades.

Para garantizar un sistema sanitario universal y de calidad y caminar hacia una sociedad más sana, solidaria y no competitiva, entendemos que habría que adoptar una serie de medidas urgentes, que no vemos reflejadas en los distintos programas electorales (en algunos de ellos sólo muy parcialmente), puesto que colisionan con los intereses de las grandes corporaciones privadas y de ciertos sectores profesionales:

- Derogación de la Ley 15/97 y de todas aquellas normas que introducen el ánimo de lucro en la sanidad. Consecuencia: paralización del proceso de privatización en marcha.

- Derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, por el que se pueden establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios, y que ha servido para derivar los procesos rentables al sector privado. Consecuencia: ahorro económico y supresión de los conciertos privados.

- Prohibición expresa de incentivos económicos y de la creación de Unidades de Gestión Clínica, sistema que sirve para introducir los mecanismos de mercado en el SNS. Consecuencia: paralización de la monetarización de los actos clínicos y la empresarialización de los centros aún en manos “estatales”(1).

- Eliminación de peonadas y horas extras, con aumento de plantillas e implantación de un turno de tarde en atención hospitalaria para aquellas especialidades médicas necesarias con el fin de utilizar al 100 por 100 los recursos. Consecuencia: reducción de las listas de espera, ahorro económico, creación de empleo y freno a la emigración de profesionales.

- Derogación del RD-Ley 16/2012. Consecuencia: atención a todxs independientemente de su situación administrativa, y supresión de copagos.

- Establecimiento de un sistema real de incompatibilidades para todas/os los/las trabajadoras/es SNS. Consecuencia: freno a los intereses particulares cruzados y no parasitación sistema público.

- Planes y plazos concretos para la realización de un estudio independiente, de las necesidades sanitarias territoriales. Consecuencia: aquellos centros y servicios privatizados/externalizados que se consideren necesarios serán “expropiados” volviendo al “sector estatal”, los contratos no necesarios serán rescindidos.

- Reapertura de las camas y servicios que han sido cerrados en los últimos años. Consecuencia: aumento de la capacidad de atención sanitaria, reducción de las listas de espera, creación de empleo.

- Desarrollo de una industria farmacéutica básica sin ánimo de lucro y distribución de los medicamentos más prescritos desde los centros sanitarios. Potenciación de la investigación y formación continuada dentro del sector estatal y no mediante multinacionales y farmacéuticas.
Prohibición de todo tipo de publicidad sobre medicamentos, y de la actividad comercial por parte de los laboratorios farmacéuticos hacia el personal facultativo. Consecuencia: reducción del gasto, reducción de los afectos adversos, independencia de multinacionales, extensión de tratamientos a determinadas patologías que actualmente son muy caras (hepatitis C….)

- Eliminación del Registro de todos aquellos medicamentos y productos sanitarios que no ofrezcan ventajas esenciales desde el punto de vista terapéutico sobre otros de inferior coste. Financiación pública de todos aquellos medicamentos registrados. Consecuencia: ahorro económico, extensión de tratamientos a pacientes que en la actualidad no tienen acceso.

- Planes urgentes de actuación sobre aquellas empresas y elementos responsables de una parte importante de la mortalidad: contaminación atmosférica, tabaco, alcohol, agrotóxicos, alimentación…etc., Consecuencia: establecimiento de bases para la reducción de la morbimortalidad.

- Equidad en el acceso, en financiación per cápita y en los tratamientos independientemente del lugar de residencia. Cartera de servicios y prestaciones, iguales en todo el territorio. Supresión de las redes paralelas (Muface, ISFAS, Mugeju, Colaboradoras..) e integración en el SNS. Consecuencia: unificación redes, equidad en acceso y tratamientos.

- Descentralización de los recursos sanitarios con el establecimiento de mecanismos de control real para la futura autogestión del sistema sanitario por parte de trabajadores/as y pacientes. Transparencia: acceso en todo momento y para cualquier persona a toda la información sobre gasto, resultados, indicadores de calidad, etc. Consecuencia: democratización del sistema; implicación de la población en los problemas de salud/enfermedad/asistencia; control cercano.

Terminamos recordando que el deterioro y privatización del SNS no son gratuitos ni resultado de una incapacidad de sostenimiento económico, sino solo un síntoma más del proceso de ruptura del pacto que el capital estableció con los sectores obreros vinculados a los partidos socialdemócratas en el siglo pasado. Esto se produce en un contexto de desindustrialización, paro estructural creciente y aumento de la exclusión social, al capital ya no le es preciso mantener unos “servicios públicos” de acceso universal que garanticen una mano de obra cualificada y sana.

Por lo tanto la lucha deberá ser global y dirigida a la recuperación de los servicios básicos para su gestión democrática por la propia población: “Si nosotras/os lo pagamos, nosotras/os lo gestionamos”.

(1) Llamamos centros estatales, en contraposición a los privados-empresariales, a los mal llamados “públicos”, centros mantenidos con nuestro dinero, con personal dependiente de la Administración, pero en los que las decisiones se toman por los gestores y políticos de turno, sin ninguna posibilidad de participación real de pacientes y trabajadoras/es en su gestión.

CAS, otoño de 2015.

Comunicado CAS Madrid.