Las poblaciones que viven en las cercanías de incineradoras y otras industrias que emiten sustancias toxicas, sufren un aumento de mortalidad por cáncer, especialmente por tumores en pleura, laringe, estómago, hígado, riñón, ovario, pulmón, leucemia, colorrectal y vejiga, así como un gran incremento de malformaciones congénitas renales, cardiacas, labio leporino, espina bífida, linfomas, etc.

No hay límites de seguridad claros, hay estudios que confirman estos mismos efectos en poblaciones situadas hasta 10 km de estas industrias, aparte de que los vientos dominantes pueden dispersar los tóxicos a mayores distancias.

Esta situación es conocida por ayuntamientos y administraciones sanitarias de todo tipo, incluidos los “ayuntamientos del cambio”(1), que no toman ninguna medida para garantizar la salud de la población, ya que de hacerlo, harían peligrar los intereses económicos de las empresas privadas.

Es decir, estamos hablando de muertes programadas, incremento de gasto sanitario, y sufrimiento para miles de personas, que se podrían perfectamente evitar tomando medidas que garantizasen los intereses generales y no los particulares de una élite.

En los documentos adjuntos (resumen, octavilla) podéis encontrar datos sobre más de un centenar de industrias de todo el territorio nacional, y la mortalidad que provocan. El estudio en el que nos hemos basado para sacar esta información, solo refleja una mínima parte de lo que está sucediendo. Hay muchas más industrias contaminándonos a diario que no han sido estudiadas.

Ante esta situación, solo la concienciación y la movilización de las poblaciones afectadas podrán forzar a cerrar las industrias que nos envenenan día a día. Si las Administraciones no actúan, tenemos todo el derecho a defendernos.

El cierre de estas industrias influirá más sobre la salud de la población y el incremento de la esperanza de vida, que cualquier actuación desde el sistema sanitario.

CAS Madrid, noviembre de 2016.
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(1) En 2015, representantes de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Coruña, Santiago de Compostela, Córdoba, Zaragoza y Cádiz, es decir, los “ayuntamientos del cambio”, firmaron el denominado “Manifiesto municipalista para la promoción de la salud y el derecho a un sistema sanitario público y universal”, en el que decían comprometerse, entre otros aspectos, a actuar sobre los determinantes de la salud, entre ellos los ambientales, a la vez que manifestaban que, “no podemos permitir que nuestras ciudades generen enfermedad con su aire contaminado.